LOS PROFESORES PODRÍAN SER IMPUTADOS LEGALMENTE EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR
La Fiscalía de Huelva alerta de que los profesores podrían ser imputados legalmente en casos de acoso escolar
El asunto del acoso escolar no es un tema de preocupación exclusivo para las víctimas y sus familias. La presión del eco mediático sobre el bullying y sus implicaciones está haciendo efecto sobre todos los actores del acoso escolar. También en los testigos pasivos, incluso cuando se desconocieran expresamente los hechos. Esta última posibilidad se da con frecuencia en los colegios en torno al profesorado. Y a partir de ahora el acoso escolar podría tener consecuencias penales para los profesores y directores del centro escolar.
Los protocolos de bullying contemplan la detección del acoso escolar mediante test y la denuncia ante la Fiscalía de Menores, que siempre tendrá la última palabra
La Fiscalía de Menores de Huelva sienta precedentes
El diario digital “Huelva información” acaba de anunciar, en primicia, algo que todos sabíamos que podría pasar antes o después. A partir de ahora, en esa provincia, los profesores podrían ser imputados legalmente en casos de acoso escolar.
Si bien los docentes y demás personal escolar, como orientadores o directores del centro podrían desconocer los hechos, esto no les eximiría de responder personalmente ante algún tipo de denuncia de carácter penal. De hecho, los profesores podrían ser imputados legalmente en casos de acoso escolar. Así lo ha explicado al medio onubense Alberto Camponanes, actual fiscal delegado de Menores en Huelva.
No activar el protocolo de acoso se consideraría “comisión por omisión” del delito de auxilio por inacción, según la Fiscalía de menores de Huelva
¿Cuáles podrían ser la consecuencias?
De aplicarse, las consecuencias de esta imputación podrían ser hasta dos años de prisión. Desde la Fiscalía de Menores de Huelva se considera responsables del acoso escolar a aquellos que intervienen en el ámbito educativo. Es decir, fundamentalmente a los profesores. Ya no bastará con aludir que no se tenía constancia de los hechos. Se busca una implicación activa y directa por parte del personal docente a través de la realización de una investigación de la que quede constancia.
De acuerdo a esta noticia, podría exigirse la responsabilidad de la indemnización al titular del centro antes que a los propios padres del acosador o niño bully.
La observación directa no suele ser suficiente para destapar todos los casos de acoso escolar. Se hace necesario el empleo de tests de acoso escolar homologados en cuanto validez y fiabilidad clínica
Los protocolos actuales son insuficientes
El fiscal onubense no ha dudado en aprovechar esta ocasión para denunciar que, en el caso de Andalucía, la aplicación del protocolo de acoso escolar “plantea bastantes problemas”. Entre otras cosas, explica, porque la información recabada por el personal del centro es insuficiente. Según afirma, prácticamente se queda todo en un acta formal, pero sin dejarse constancia de información importante que debería aportarse desde la institución educativa.
Los profesores no se implican lo suficiente según el Ministerio fiscal de Huelva, a pesar de que la Ley del Menor prohíbe el bullying y el ciberbullying
Por ello es conveniente aplicar un sociograma escolar o sociométrico, actualmente el tipo de test más seguro para detectar acosados y verdugos, así como para identificar a las víctimas potenciales. Estas suelen reconocerse por estar en riesgo de exclusión social.
Campomanes pretende identificar a los responsables y a aquellos profesores o tutores que no hicieron nada respecto al acoso escolar de un niño a pesar de ser su obligación profesional y moral.
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La indignación se apodera de una buena parte del profesorado al ver que la Comunidad de Madrid dice que denunciará al profesorado que no alerte sobre el acoso Escolar, cuando cualquiera que haya estado en un aula, sabe que la esencia del acoso reside en la falta de medios para atender adecuadamente a sus alumnos.
Sería el profesorado quien debería denunciar a la Comunidad de Madrid por impedir adoptar las medidas pedagógicas adecuadas para evitar el acoso. Exceso de burocracia que ha de ser atendida con programas informáticos inservibles, 200 o 300 alumnos por curso, horario lectivo sobrecargado, falta de tiempo para colaborar adecuadamente con las familias o para personalizar el proceso educativo con los alumnos, constituyen la verdadera sustancia sobre la que se edifica el acoso. Una lástima que burócratas alejados de la comunidad escolar, traten de aparenten preocupación por el bullying persiguiendo a profesores en vez de procurar los medios y recursos para una educación humanizada y tranquila. Lo demás son parches, incluido el sociograma promoción destinado a fingir preocupación por el acoso.